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Pablo Moreira, estudiante de periodismo y trabajador de la cadena de supermercados Jumbo, ha sido detenido y despedido de su trabajo por robar, supuestamente, tres lápices durante su jornada laboral, según ha informado el diario El Mostrador.

Los hechos se produjeron cuando Pablo y otro compañero tomaron prestados los lápices de una caja defectuosa para poder anotar la mercancía en una hoja mientras reponían. Tras ésto, uno de los vigilantes de seguridad llamó por megafonía a Moreira pidiéndole explicaciones sobre dónde tenía guardados los lápices, a lo que el empleado contestó que él no los había robado sino que los había tomado prestados para poder realizar su trabajo.

El compañero de Pablo corroboró la versión de éste, alegando que la caja estaba rota por eso él sacó los tres lápices “ya que no teníamos con qué apuntary como éramos sólo tres los que estábamos de turno, los utilizamos”.

El joven plantea interponer una demanda para que le paguen los años de servicio y otra demanda por daños y perjuicios. “Quiero limpiar mi nombre, y creo que es fundamental que se termine con el abuso”. Además, recalca que “nunca más volvería a trabajar en un supermercado”.


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  • Parece ser que a pesar de las órdenes por parte de sus jefes en la Ser de silenciar el tema del despido de Paco González, hizo oidos sordos, probablemente motivado por sus 67 años, ya que amenazarlo con echarlo serviría de muy poco, así que parece que abrió su corazón y se sinceró. No llega a criticar a la cadena Ser, pero si se le nota dolido con el despido.


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  • La crisis económica desató en España una nueva forma de venganza por parte de empleados despedidos, que denuncian a las empresas por la utilización de programas informáticos sin licencia.

    Según la asociación Business Software Alliance (BSA), las denuncias a empresas por piratería informática en España aumentaron un 27% entre enero y febrero, respecto a los mismos meses del 2008.

    Este elevado aumento probablemente se deba a que “con el aumento de los despidos, los desempleados denuncien a sus ex empresas en busca de la recompensa que ello le puede suponer”, sostuvo Julián Swan, director de ‘marketing’ de BSA para Europa, Oriente Medio y África, citado en un comunicado.

    También “podría deberse a factores como la situación de riesgo en la que se encuentran las empresas durante este momento de recesión económica”, señaló.

    BSA, asociación con sede en Estados Unidos que lucha contra la piratería informática, denunció que numerosas empresas instalan programas piratas en ordenadores de sus empleados, para economizar.

    La utilización de programas piratas es considerada un delito en España, por el cual se puede ir a prisión hasta cinco años y recibir multas que pueden superar los 200.000 euros.

    España, sumergida en la crisis económica, entró en recesión a finales del 2008 y el paro subió como la espuma en los últimos meses, hasta llegar al 15,5% de la población activa en febrero, el porcentaje más elevado de la zona euro, según la oficina de estadísticas europeas Eurostat.


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    Un trabajador que fue despedido por llegar con signos de ebriedad a su trabajo será restituido en sus labores tras una decisión del Tribunal Constitucional (TC) de Perú, que falló a su favor y estimó “desproporcionado” su despido, informó la prensa el miércoles.

    Pablo Cayo Mendoza acudió hasta el TC por considerar que fue injusta su separación de la Municipalidad de Chorrillos (sur de Lima) donde realizaba faenas de limpieza.

    El tribunal en su sentencia consideró que el trabajador, de acuerdo a las leyes, debió recibir una sanción proporcional, pero no el despido porque trabajó normalmente, además no incumplió sus labores ni tuvo un mal proceder.

    La decisión del TC generó revuelo entre los empresarios y José Luis Silva, presidente de la Asociación de Exportadores, dijo que ese es un “pésimo precedente” que podría alentar a los trabajadores a ir borrachos a sus centros laborales.

    El ministro de Trabajo, Jorge Villasante, señaló que “no se puede relajar la disciplina en el trabajo”, mientras diversos especialistas opinaban a favor y en contra del fallo del TC.

    Fernando Calle, integrante del TC, defendió el miércoles el fallo en la televisión local. “El trabajador reconoció que tenía aliento a licor por haber asistido la noche anterior a un velorio, pero que no estaba en estado de embriaguez”, dijo el magistrado al señalar que el caso no sienta un precedente ni abre las puertas a que se pueda acudir ebrio al trabajo.


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