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El Ministerio de Sanidad y Política Social y las comunidades autónomas han acordado, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), unos límites nutricionales básicos para los alimentos que se venden en los centros escolares públicos no universitarios a través de máquinas expendedoras o cafeterías, entre los que se establece dejar de vender aquellos productos envasados –bollería industrial o chucherías– con un “alto contenido energético”.

De este modo, se establecen unos límites para el contenido de grasas, azúcares y sal de estos alimentos, entre los que no se incluyen “el clásico bocadillo”, como ha asegurado la ministra del ramo Trinidad Jiménez. Así, el valor energético no debe superar las 200 kilocalorías, que en un 35 por ciento como máximo procederá de la grasa en un 10 por ciento, como mucho, de grasas saturadas.

Igualmente, sólo un máximo del 30 por ciento de estas kilocalorías procederá de azúcares totales, salvo en frutas, zumos o productos lácteos, mientras que el contenido de sal para cada alimento no deberá superar los 0,5 gramos.

Aunque estos criterios básicos acordados por las comunidades son sólo unas recomendaciones “y no una prohibición”, Jiménez asegura que “no será necesario desarrollar ninguna norma” ya que los consejeros autonómicos han dado el visto bueno a estas limitaciones y está “convencida de que todas (las comunidades) cumplirán con lo acordado”.

“La necesidad de una normativa expresa es relativa”, ha añadido el presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), Roberto Sabrido, recordando que de hecho la mayoría de comunidades ya están aplicando estos criterios saludables en los colegios. “El objetivo ahora es homogeneizarlos”, aclaró.

Además, las comunidades también han acordado que cada una deberá hacer un seguimiento para comprobar que los colegios e institutos cumplen con estas limitaciones. Asimismo, desde el ministerio han insistido en que “no se prohibirá ningún alimento ni ningún grupo de alimentos”, precisando que “habrá bollos que estén fuera y otros que no”.

El objetivo, según ha añadido Jiménez, es mejorar los hábitos alimentarios de los niños y prevenir la obesidad, recordando que “actualmente uno de cada cuatro niños padece obesidad o sobrepeso” y, al mismo tiempo, está demostrado que la obesidad ha favorecido que “se estén encontrando en niños enfermedades que antes eran de adultos”.

SE RETIRARÁN LAS MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE LOS COLEGIOS

Las comunidades han acordado también retirar las máquinas expendedoras de comida en los colegios de Primaria (un 17 por ciento de los centros de este tipo disponen actualmente de estos aparatos), mientras que el tiempo dedicado a las comidas no deberá exceder los 30 minutos “para que el alumnado pueda disfrutar de ellas de forma relajada”.

El texto también establece una frecuencia de consumo de determinados alimentos en los comedores escolares; ofrecer información para que los padres sigan educando nutricionalmente a sus hijos fuera del colegio; y desarrollar menús especiales adaptados a necesidades especiales, como alergias o intolerancias a determinados alimentos.

JIMÉNEZ INSISTE: “NO AL COPAGO”

Por otro lado, la ministra Jiménez ha informado de que la consellera catalana de Sanidad, Marina Geli, les ha ofrecido el informe Vilardell de financiación sanitaria, que entre algunas propuestas incluye el copago, si bien ha insistido en que “no se va a abordar el copago”.

“Se va a estudiar como un informe de un grupo de expertos más”, ha señalado Jiménez, insistiendo en que el copago que propone dicho informe “no consideran que vaya a contribuir a mejorar la sostenibilidad del sistema”. Los consejeros autonómicos, por su parte, han evitado el tema ya que, añade Jiménez, “nadie ha mencionado esa palabra”.

Por otro lado, sobre un posible aumento de la financiación para hacer frente a las nuevas prestaciones que incluye la actualización de la Ley del Aborto, Jiménez ha insistido en que “es una prestación que ya se realiza con cargo al Sistema Nacional de Salud”. No obstante, en dos años analizarán si la nueva normativa ha tenido un impacto presupuestario.


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